Se dedujo recurso de casación en
el fondo respecto de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de
Concepción que, confirmando la de primera instancia, rechazó una reclamación en
contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Bío – Bío.
El recurso denunció la infracción
de los artículos 82 letra a), 171 y 174 del Código Sanitario; artículos 183 E y
184 del Código del Trabajo; artículos 66 bis y 68 de la Ley N° 16.744; artículo
19 N° 3 de la Constitución Política; y artículos 19 al 24 del Código Civil. Señaló
que la sentencia objetada se pronunció sobre aspectos cuyo juzgamiento vulnera
los principios de tipicidad y legalidad, y que no serían directamente
aplicables a la empresa particular involucrada, agregando además que se le
hacen extensivos al reclamante, que tiene la calidad de mandante, obligaciones
que recaen en realidad en el empleador directo.
La Corte Suprema rechazó el
arbitrio procesal, sosteniendo, en primer término que, a pesar de que se trata
de la aplicación del derecho administrativo sancionador, sujeto en principio a
los mismos principios que el derecho penal, “la naturaleza de las
contravenciones administrativas, en las que confluyen componentes técnicos,
dinámicos y sujetos a variabilidad en el tiempo, hace imposible su síntesis
descriptiva en un precepto general como lo es una ley, de modo que el principio
de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite
ciertos grados de atenuación”. A partir de lo anterior, el máximo tribunal
determina que “la predeterminación de los comportamientos que configuran
infracciones administrativas se satisface con la exigencia que en la ley se
describa el núcleo esencial de las conductas censurables, pudiendo éstas
precisarse y complementarse en aspectos no sustanciales por normas emanadas de
una autoridad distinta a la legislativa, como es el Ejecutivo”.
En esta línea, la Corte consideró
los artículos 174 y 82 del Código Sanitario, como preceptos que establece las
sanciones aplicables al caso sublite, y los artículos 183 E y 184 del Código
del Trabajo, y 66 bis de la Ley N° 16.744 como normas fundantes de los deberes
de conducta que obligaban a la demandada, desarrollados por el Decreto Supremo
N° 594 de 1999 del Ministerio de Salud, con lo cual “la conducta por la cual se
sancionó a la empresa reclamante se encuentra debidamente encuadrada en las
disposiciones que le imponían la obligación de mantener las medidas de
seguridad orientadas a evitar accidentes que importaran un riesgo para la vida
de los trabajadores y de terceros en general”.
Fuente: Diario Constitucional de Chile
No hay comentarios:
Publicar un comentario