jueves, 12 de julio de 2012

LEY NÚM. 20.604.- MODIFICA LA LEY Nº 18.290, DE TRÁNSITO, ESTABLECIENDO REQUISITOS ALTERNATIVOS PARA OBTENER LICENCIA PROFESIONAL (Publicado en el Diario Oficial de 11 de Julio de 2012)


Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, iniciado en una Moción de los Diputados señores Cristián Monckeberg Bruner; Germán Becker Alvear; Mario Bertolino Rendic; José Manuel Edwards Silva; René Manuel García García; Joaquín Godoy Ibáñez; Nicolás Monckeberg Díaz; Leopoldo Pérez Lahsen; Frank Sauerbaum Muñoz, y Diputada señorita Marcela Sabat Fernández, correspondiente al boletín Nº 7319-15.

Proyecto de ley:

‘‘Artículo único.-  Introdúcense  en  la  ley Nº 18.290, de Tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fija en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de Justicia, las siguientes modificaciones:

1.- En el inciso segundo del artículo 13, en el acápite LICENCIA PROFESIONAL, sustitúyese en el número 3) la expresión ‘‘, y’’ por un punto y coma (;), reemplázase en el número 4) el punto aparte (.) por un punto y coma (;) y agréganse los siguientes números 5) y 6):
‘‘5) Acreditar, para el caso de las licencias de conductor profesional clases A-3 y A-5, en aquellos casos de conductores que no hayan estado en posesión de las licencias indicadas en el número 4) precedente, haber aprobado un curso teórico y práctico especial, que contemple el uso de simuladores de inmersión total u otra tecnología equivalente, cuyas características y especificaciones técnicas estarán establecidas en un reglamento dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en una Escuela para Conductores Profesionales reconocida oficialmente por dicho Ministerio, que haya sido autorizada para impartir este curso especial, de conformidad con el respectivo reglamento, y 6) Aprobar en la Municipalidad respectiva el examen teórico correspondiente a la Clase de licencia profesional a la que se postula.’’.

2.- En el inciso primero del artículo 14, en el acápite A) LICENCIA PROFESIONAL, sustitúyese el literal b) del numeral 2º, por el siguiente:
‘‘b) Los conocimientos teóricos por medio del examen rendido en la Municipalidad respectiva, y los conocimientos prácticos por medio de certificado expedido por una Escuela de Conductores Profesionales reconocida oficialmente, debiendo el Director de Tránsito de la Municipalidad correspondiente adoptar las medidas que estime necesarias a fin de comprobar la efectividad de dichos conocimientos y las destrezas y habilidades requeridas para conducir el vehículo de
que se trate. A los conductores profesionales que renueven su licencia profesional no les será exigible el requisito especial establecido en los números 3) o 5), según corresponda, del inciso segundo del artículo 13, en el acápite LICENCIA PROFESIONAL.’’.

3.- Agrégase al artículo 33 el siguiente inciso final:
‘‘Sin perjuicio de la libertad señalada en el inciso precedente, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones establecerá en un reglamento, la duración del curso y contenidos mínimos prácticos y teóricos que habrá de considerar el programa del curso especial especificado en el número 5) del artículo 13, incluyendo el mínimo de horas de conducción por alumno en vehículo y el mínimo y máximo de horas en simulador, las cuales en ningún caso podrán superar un 30 por ciento del total de horas de conducción, y todas las materias relacionadas con su debida instrucción.’’.

4.- Sustitúyese en inciso primero del artículo 37,
la oración ‘‘Esta resolución se notificará al representante legal de la Escuela mediante carta certificada  enviada al lugar de funcionamiento que esté registrado en el Ministerio. La afectada, dentro de los 15 días siguientes de entregada la carta al Servicio de Correos’’ por la siguiente: ‘‘También podrá revocar dicho reconocimiento y,o cursar una multa a beneficio fiscal de 300 a 500 unidades tributarias mensuales en caso de acreditarse que la Escuela ha otorgado certificados a personas que no han recibido total o parcialmente los contenidos, actividades, evaluaciones y,o asignaturas, prácticas o teóricas, que corresponden a los cursos que imparten. Esta resolución se notificará al representante legal de la Escuela mediante carta certificada enviada al lugar de funcionamiento que ésta haya registrado en el Ministerio, entendiéndose practicada la notificación a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos del lugar de funcionamiento de la Escuela. La afectada, dentro de los 15 días siguientes a su notificación’’.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Artículo primero.- El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones deberá emitir los decretos que aprueben los reglamentos que se establecen en la presente ley y los que aprueben las modificaciones correspondientes a reglamentos vigentes, dentro de los noventa días posteriores a la fecha de su publicación.

Artículo segundo.- La modalidad de obtención de licencias profesionales A-3 y A-5 y la exigencia de examen teórico rendido en la Municipalidad que la presente ley contempla en los números 5) y 6) que incorpora al inciso segundo del artículo 13, acápite LICENCIAS PROFESIONALES, y las modificaciones que introduce a los artículos 33 y 37, todos de la Ley de Tránsito, regirán a partir de la fecha en que se encuentren totalmente tramitados los reglamentos y modificaciones reglamentarias que señala el artículo anterior, atingentes a las respectivas materias.’’.

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 25 de junio de 2012.-

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones.- Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Justicia.
Lo que transcribo para su conocimiento.- Saluda a usted, Gloria Hutt Hesse, Subsecretaria de Transportes.

martes, 10 de julio de 2012

Frente a empate de votos. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE CHILE RECHAZÓ INAPLICABILIDAD QUE IMPUGNABA NORMA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL REFERIDA AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA EN JUICIOS ESPECIALES. (Fallo de 05 de Julio de 2012)

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento que impugnaba el inciso segundo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil.

La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.

El requirente estimaba que la norma impugnada tiene el carácter de decisoria litis, por cuanto en virtud de la misma la CS podría declarar inadmisible el recurso de casación en la forma interpuesto, y que de aplicársele se verían afectados sus derechos constitucionales, en particular, el debido proceso, la igualdad ante la ley y a no ser discriminado arbitrariamente; como también, la Convención Americana de Derechos Humanos.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional estableció, en esencia, que, traídos los autos en relación y terminada la vista de la causa, se procedió a votar el acuerdo respectivo, produciéndose empate de votos, con lo cual, atendido el quórum calificado exigido por la Carta Fundamental para resolver esta clase de materias y teniendo en cuenta que, por mandato de la letra g) del artículo 8° de la LOCTC, el voto del Presidente no dirime este tipo de empate, se tuvo por desechado el requerimiento por no haberse alcanzado el quórum constitucional necesario para ser acogido.

Según lo anterior, las consideraciones por acoger el requerimiento –expuestas por los MinistrosVenegas, Vodanovic, Aróstica, y el Suplente de Ministro señor Israel– sostuvieron que si la decisión judicial sólo puede recaer sobre una solución legítima; para ser aceptable desde un punto de vista jurídico y atribuirle validez, es evidente que la motivación de la sentencia es esencial. Ella es la justificación –no la explicación- de la resolución; se trata de un discurso cerrado, de clausura: una vez dictado el fallo, debe contener todos los requisitos de la justificación, no pudiendo ser variado o modificado.

Y es que, arguyen, la transgresión del citado deber se produce tanto si el juez no funda la sentencia, como –al contrario de lo que ha sostenido la requerida en estrados– si se impide la impugnación, por ese capítulo, del fallo que omite su adecuada motivación. El resultado es el mismo –vulneración del derecho–, producido en este caso por la falta del instrumento que corrija el vicio.

En armonía con lo relacionado, prosiguen estos Ministros, puede concluirse que la motivación de la sentencia es connatural a la jurisdicción y fundamento indispensable para su ejercicio. Constituye, a la vez que un deber del juzgador, un derecho para el justiciable. Es inherente al derecho a la acción y, por ende, a la concreción de la tutela judicial efectiva; elementos propios de las garantías de un procedimiento racional y justo, cuya ausencia o limitación vulnera la exigencia constitucional y autoriza declarar la inaplicabilidad del precepto objetado.

Por otra parte, para decidir sobre la infracción del principio de igualdad referido en los números 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución, en su vertiente de prohibición del establecimiento de diferencias arbitrarias, es menester calificar la circunstancia seleccionada como relevante para realizar la distinción al regular el ejercicio del derecho: en el caso de autos, no se advierte claramente una finalidad intrínsecamente legítima en el precepto que, en los juicios regidos por leyes especiales, impide casar en la forma una sentencia que carece de consideraciones de hecho o de derecho.

Por ende, concluyen estos Ministros, el precepto impugnado establece una diferencia arbitraria, transgrediendo las garantías de igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

A su turno, las consideraciones por rechazar el requerimiento –expuestas por los Ministros  Peña, Carmona, García y el Suplente de Ministro señor Suárez– se hicieron cargo de una serie de asuntos de previo y especial pronunciamiento: primera de estas cuestiones dice relación con el hecho de que la norma impugnada hace referencia a los “juicios o reclamaciones regidos por leyes especiales” (artículo 766, inciso segundo, en relación al 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil) para determinar si procede o no la casación en la forma; en segundo lugar, es necesario precisar también que la acción de inaplicabilidad es un recurso supresivo, pero no creativo; en tercer lugar, no se impugna en la presente gestión el artículo 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a toda sentencia a establecer las consideraciones de hecho que sirven de fundamento a una sentencia. Se impugna el artículo 768, inciso segundo, de dicho cuerpo normativo.

Enseguida, sostienen, no corresponde a esta Magistratura la facultad de revisar resoluciones judiciales. El recurso de inaplicabilidad no es un mecanismo para impugnar dichas resoluciones.

En cuanto al derecho a la casación, y ya entrando al fondo del asunto, estos Ministros expresan que el recurso de casación es un recurso extraordinario, de derecho estricto. Sólo procede en virtud de norma expresa y por las causales que expresamente señala la ley. Ello quiere decir que el legislador define contra qué sentencias procede y por qué causales. Si la ley, entonces, hace improcedente este recurso para ciertas situaciones, es una decisión que cabe al legislador, no a esta Magistratura.

Por lo mismo, manifiestan que es necesario, por una parte, distinguir el deber de fundamentación de las sentencias, de la garantía de poder solicitar la revisión de éstas por un tribunal superior. La fundamentación de las sentencias no exige que proceda un recurso determinado y se reconoce a nivel legal en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que –reiteran- no ha sido impugnado en autos. Por otra parte, es necesario distinguir el derecho a la impugnación de las sentencias (“derecho al recurso”), que integra la garantía del debido proceso, de un supuesto derecho a un recurso en concreto, tal como la casación, como pretende el requirente.

Según ello, este mismo Tribunal ha reconocido que el debido proceso es una garantía integral, que se expresa a lo largo de todo el ejercicio jurisdiccional; pero una cuestión distinta es que la Constitución obligue al legislador a establecer algún recurso judicial determinado: establecida la posibilidad de revisión, aducen, el legislador es libre para determinar el modo y los procedimientos para lograrla.

Lo que la Constitución exige, el núcleo esencial del derecho, concluyen en esta parte, es que el legislador garantice efectivamente a las personas el acceso a una impugnación que signifique la revisión de lo resuelto en una instancia previa por un tribunal superior. Siempre que garantice ello, el legislador es libre para configurar las modalidades de ejercicio, sea en procedimientos con única instancia y la posibilidad de obtener un pronunciamiento de nulidad, sea en procedimientos de doble instancia.

Tampoco se vulnera la igualdad ante ley, agregan los Ministros señalados, ya que no comparten que la norma impugnada plantee un problema de igualdad, pues ésta es una regla de general aplicación.

Hay que considerar, insisten, que el artículo 140 del Código Tributario prohíbe la casación en la forma en primera instancia. Ello hace consistente la norma impugnada con esa disposición, pues impide dicha casación en primera como en segunda instancia.

Por lo mismo, concluyen en definitiva, permitir la casación en la forma es lo que rompe la igualdad ante la ley, pues genera un privilegio que nadie más tiene.





Fuente: Diario Constitucional de Chile

viernes, 6 de julio de 2012

Ley 20.606, SOBRE COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS Y SU PUBLICIDAD (Publicado en el Diario Oficial de Chile de 06 de Julio de 2012)

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley iniciado en una Moción de los Honorables Senadores señores Guido Girardi Lavín, Carlos Ignacio Kuschel Silva y Mariano Ruiz-Esquide Jara, y de los ex Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señor Carlos Ominami Pascual.

Proyecto de ley:

‘‘Artículo 1°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos  deberán proceder, en lo relativo a la producción, importación, elaboración, envasado, almacenamiento, distribución y venta de tales alimentos destinados al consumo humano, en la forma y condiciones que para cada caso, dependiendo de la naturaleza del producto, exija la autoridad en virtud de los reglamentos vigentes. Será responsabilidad del fabricante, importador o productor que la información disponible en el rótulo de los productos sea íntegra y veraz. Asimismo, deberán asegurarse de que, en el ámbito de la cadena productiva en que ellos intervengan, el proceso de elaboración de los alimentos cumpla con buenas prácticas de manufacturación que garanticen la inocuidad de los alimentos.

Artículo 2°.- Los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos deberán informar en sus envases o etiquetas los ingredientes que contienen, incluyendo todos sus aditivos expresados en orden decreciente de proporciones, y su información nutricional, expresada en composición porcentual, unidad de peso o bajo la  nomenclatura que indiquen los reglamentos vigentes.

Será el Ministerio de Salud, mediante el Reglamento Sanitario de los Alimentos, el que determinará, además, la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido de las etiquetas y rótulos nutricionales de los alimentos, velando especialmente por que la información que en ellos se contenga sea visible y de fácil comprensión por la población.

El etiquetado a que se refiere el inciso anterior deberá contemplar, al menos, los contenidos de energía, azúcares, sodio, grasas saturadas y los demás que el Ministerio de Salud determine.

Artículo 3°.- No se podrá adicionar a los alimentos y comidas preparadas ingredientes o aditivos que puedan inducir a equívocos, daños a la salud, engaños o falsedades, o que de alguna forma sean susceptibles de crear una impresión errónea respecto a la  verdadera naturaleza, composición o calidad del alimento, según lo establecido en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

No se podrán adicionar a los alimentos, ingredientes o aditivos en concentraciones que causen daños a la salud, según lo establezca el Ministerio de Salud mediante  reglamento.

Artículo 4°.- Los establecimientos de educación parvularia, básica y media del país deberán incluir, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, actividades didácticas y físicas que contribuyan a desarrollar hábitos de una alimentación saludable y adviertan sobre los efectos nocivos de una dieta excesiva en grasas, grasas saturadas, azúcares, sodio y otros nutrientes cuyo consumo en determinadas cantidades o volúmenes pueden representar un riesgo para la salud.

Los establecimientos educacionales del país deberán incorporar actividad física y  práctica del deporte, a fin de fomentar en sus estudiantes el hábito de una vida activa y saludable.

Artículo 5°.- El Ministerio de Salud determinará los alimentos que, por unidad de peso o volumen, o por porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes que el  reglamento determine. Este tipo de alimentos se deberá rotular como ‘‘alto en calorías’’, ‘‘alto en sal’’ o con otra denominación equivalente, según sea el caso.

La información indicada precedentemente, incluyendo sus contenidos, forma, tamaño, mensajes, señalética o dibujos, proporciones y demás características, se determinará por el Ministerio de Salud en el Reglamento Sanitario de los Alimentos.

Asimismo, se podrán fijar límites de contenido de energía y nutrientes en los alimentos a que alude el inciso anterior.

La Autoridad Sanitaria, en ejercicio de sus atribuciones, podrá corroborar con análisis propios la información indicada en la rotulación de los alimentos, sin perjuicio del ejercicio de sus facultades fiscalizadoras.

Artículo 6°.- Los alimentos a que se refiere el artículo anterior no se podrán expender, comercializar, promocionar y publicitar dentro de establecimientos de educación parvularia, básica y media.

Asimismo, se prohíbe su ofrecimiento o entrega a título gratuito a menores de 14 años de edad, así como la publicidad de los mismos dirigida a ellos.

En todo caso, no podrá inducirse su consumo por parte de menores o valerse de medios que se aprovechen de la credulidad de los menores. La venta de alimentos  especialmente destinados a menores no podrá efectuarse mediante ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, tales como regalos, concursos, juegos u otro elemento de atracción infantil.

Toda publicidad de alimentos efectuada por medios de comunicación masivos deberá llevar un mensaje, cuyas características determinará el Ministerio de Salud, que promueva hábitos de vida saludables.

El etiquetado de los sucedáneos de la leche materna no deberá desincentivar la lactancia natural. Asimismo, incluirá información relativa a la superioridad de la lactancia materna e indicará que el uso de los referidos sucedáneos debe contar con el asesoramiento de un profesional de la salud.

El Ministerio de Salud  deberá disponer, en conjunto con el de Educación, de un sistema obligatorio de monitoreo nutricional de los alumnos de enseñanza parvularia, básica y media, el que los orientará en el seguimiento de estilos de vida saludables.

Artículo 7°.- La publicidad de los productos descritos en el artículo 5°, no podrá ser dirigida a niños menores de catorce años.

Para los efectos de esta ley se entenderá por publicidad toda forma de promoción, comunicación, recomendación, propaganda, información o acción destinada a promover el consumo de un determinado producto.

Artículo 8°.- La promoción de los alimentos señalados en el artículo 5° no podrá realizarse utilizando ganchos comerciales no relacionados con la promoción propia del producto, cuando esté dirigida a menores de catorce años.

En ningún caso se podrán utilizar ganchos comerciales tales como juguetes, accesorios, adhesivos, incentivos u otros similares.

Artículo 9°.- En el envase o etiqueta de todo producto alimentario que haya sido comercializado en Chile y que contenga entre sus ingredientes o haya utilizado en su elaboración soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos será obligatorio indicarlo.

El reglamento respectivo establecerá los requisitos que deberá contener el referido etiquetado.

Artículo 10.- Las infracciones a las disposiciones de esta ley serán sancionadas de acuerdo al Libro Décimo del Código Sanitario.

Artículo 11.- El Ministerio de Salud deberá dar cumplimiento y ejecutar las materias a que se refiere esta ley, por medio de la Subsecretaría de Salud Pública, en el plazo de un año a contar de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.’’.

Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del Artículo 93 de la Constitución Política de la República, y por cuanto el H. Congreso Nacional ha aprobado algunas de las observaciones formuladas por el Ejecutivo y ha desechado otras; por tanto, promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

 Santiago, 22 de junio de 2012.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Jaime Mañalich Muxi, Ministro de Salud.- Pablo Longueira Montes, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.

Transcribo para su conocimiento Ley N° 20.606/2012.- Saluda atentamente a Ud., Jorge Díaz Anaiz, Subsecretario de Salud Pública.

Tribunal Constitucional

Proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad (Boletín N° 4921-11)
La Secretaria del Tribunal Constitucional quien suscribe, certifica que el Senado de la República envió el proyecto enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de las normas que regulan materias propias de ley orgánica constitucional que aquel contiene, y que por sentencia de 5 de junio de 2012 en los autos Rol N° 2.224-12- CPR.

Se declara:

Que no se emite pronunciamiento de constitucionalidad respecto del artículo 4° del proyecto de ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, Boletín N° 4921-11, por no referirse a materias propias de ley orgánica constitucional.

Santiago, 6 de junio de 2012.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria

martes, 3 de julio de 2012

CORTE DE SANTIAGO ORDENA A MUNICIPALIDAD DE COLINA ENTREGAR AGUA POTABLE A HABITANTES DE CAMPAMENTO COMPUESTO POR OCUPANTES ILEGALES DE LOS TERRENOS (Fallo de 28 de Junio de 2012)

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó a la municipalidad de Colina entregar agua potable a los habitantes de un campamento, ubicado en la localidad de Esmeralda de la comuna, quienes se encuentran sin el suministro del recurso desde febrero de 2011.

En fallo unánime (causa rol 10140-2012), los ministros de la Tercera Sala -Mauricio Silva, Gloria Solís (suplente) y el abogado integrante Rodrigo Asenjo- acogieron una acción cautelar presentada por las 16 familias del campamento “Felipe Camiroaga”, que se ubica en las riberas del río Colina.

En su resolución, la sala determina que la negativa municipal a proveer el suministro de agua potable, viola la garantía constitucional del derecho a la vida de los habitantes del campamento, pese a ser ocupantes legales del terreno.

“Que, si bien es cierto, los recurrentes son ocupantes ilegítimos de terrenos que constituyen bienes nacionales de uso público y, no han aceptado los ofrecimientos hechos por la autoridad alcaldicia en orden a ser trasladados a inmuebles que cuentan con los servicios básicos, como agua potable, electricidad y alcantarillado, u otros como fuentes laborales, no es menos cierto que las condiciones en que las 16 familias que forman parte del campamento “Felipe Camiroaga”, no cuentan con el elemento vital agua; como bien lo han señalado las recurrentes, el elemento agua, resulta vital para la integridad física de los seres humanos y éste, atendida su relevancia, ha sido revisado por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales e incluido dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Chile. Dicho Pacto, en su Observación General Nº 15, declara: “El derecho humano al agua da a todos el derecho a tener agua suficiente, potable, aceptable, accesible física y económicamente para uso personal y doméstico. Es necesaria una cantidad adecuada de agua potable para prevenir la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de enfermedades relacionadas al agua y para satisfacer las necesidades de consumo, preparación de alimentos e higiene personal y doméstica”, dice el fallo.

 La resolución agrega: “Se acoge el recurso deducido a fojas 13 por doña Alejandra María Bravo Hidalgo y doña Guillermina Troncoso Zamorano, en cuanto el señor Alcalde de la Municipalidad de Colina deberá proveer de agua potable suficiente a las familias que conforman el campamento “Felipe Camiroaga”, durante todo el tiempo que dure la irregular situación de este, haciendo uso de los camiones aljibes que al efecto ha proporcionado la Gobernación Provincial”.

El recurso de protección fue presentado en contra de la Municipalidad de Colina y la Gobernación Provincial de Chacabuco, pero respecto de esta última el recurso fue rechazado ya que durante la tramitación de la causa se manifestó dispuesta a entregar el agua potable mediante camiones aljibes.





Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

lunes, 2 de julio de 2012

CORTE DE SANTIAGO ACOGE RECURSO DE MUNICIPALIDAD POR DICTÁMENES DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EMITIDOS EXCEDIENDO EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES (Fallo de 26 de Junio de 2012)


La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la Municipalidad de Santiago en contra de la Contraloría General de la República, que le ordenó devolver dineros de patentes municipales pagadas por sociedades de inversión.

En fallo unánime (causa rol 5776-2012), los ministros de la Cuarta Sala del tribunal de alzada -Patricio Villarroel, María Soledad Melo y el abogado integrante Bernardo Lara- acogieron la acción cautelar y dejaron sin efecto dos dictámenes de la Contraloría que ordenan restituir dineros a las sociedades de inversión y que son cobrados como tributos municipales.

La resolución determina que la Contraloría General de la República excedió sus atribuciones al ordenar restituir los dineros. Atribución que solo tienen el Servicio de Impuestos Internos y los tribunales ordinarios, que son los únicos facultados para realizar interpretaciones respecto del cobro de tributos.

“Que, la facultad para la interpretación administrativa de la ley en el ámbito tributario está entregada exclusivamente al Director del Servicio de Impuestos Internos, conforme lo disponen el artículo 6º, letra A, número 1º, del Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos. Dicha interpretación administrativa de la ley tributaria sólo obliga a los funcionarios de dicho servicio y a otras autoridades, no siendo obligatoria para los contribuyentes ni para los Tribunales Ordinarios de Justicia. No se observa facultad alguna de la Contraloría General de la República, en la normativa que la rige, vinculada a realizar interpretaciones sobre materias tributarias, como es el D. L.  Nº 3.063 Ley sobre Rentas Municipales, menos aún para declarar que determinadas actividades se encuentran exentas del Tributo, previsto en el artículo 23 del señalado cuerpo legal que grava las patentes comerciales”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Examinados los Dictámenes Nº 27.677, de 2010, y Nº 6512, de 2012, el Contralor General de la República aborda en ellos materias que no son de su competencia legal, conforme las facultades que le otorgan los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República ni la Ley Nº 10.336, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Coherente con lo anterior es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile que ha señalado que en el caso de conflicto por el pago de patentes comerciales, en que se solicitó su intervención mediante el Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad, la competencia corresponde a los Jueces de Fondo, esto es, a los Tribunales Ordinarios de Justicia. Asimismo, los Tribunales Superiores de Justicia han determinado mediante innumerables sentencias ejecutoriadas, en un sinnúmero de casos, que se deben enterar en las arcas municipales los dineros correspondientes a patentes de sociedades de inversión que recurrieron a ellos mediante diversos recursos judiciales”.

Además, se determina que “El proceder de la Contraloría General de la República, al emitir el Dictamen Nº 27.677, de 2010, y ratificarlo mediante el Dictamen Nº 6512, de 2012, ha infringido  la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, esto es, ha  afectado la garantía constitucional de propiedad, al disponer que se deberán restituir los valores correspondientes a aquellas sociedades de inversión que se enmarquen en el nuevo dictamen del señor Contralor General, esto es, desde 1 de julio de  2010, y se dejarán de percibir  sumas similares a las ya ingresadas por patentes comerciales correspondientes a sociedades de inversión”.




Fuente:  Portal del Poder Judicial de Chile

lunes, 25 de junio de 2012

CORTE DE SANTIAGO ORDENA A ISAPRE CUBRIR ÍNTEGRAMENTE TRATAMIENTO DOMICILIARIO A MENOR NACIDO PREMATURAMENTE, CUYO PLAN HABÍA SIDO MODIFICADO POR SUS PADRES (Fallo de 20 de Junio de 2012)


La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Colmena Cross debe costear completamente el tratamiento domiciliario de una menor, quien nació prematuramente y no estaba recibiendo atención médica por modificación del plan de sus padres.

En fallo unánime (causa rol 4168-2012), los ministros de la Novena Sala del tribunal de alzada -Jorge Zepeda, Mario Rojas y el abogado integrante Óscar Chiu- acogieron la acción cautelar presentada por Paula Peña Pacheco contra la isapre.

La resolución determina el actuar arbitrario de la institución de salud al poner fin a la cobertura domiciliaria de la menor que requiere tratamiento en su casa.

“Que en autos se han acompañado el informe médico evacuado por los médicos tratantes de la paciente A.F.C.P. agregado en el primer otrosí del recurso, relacionado en el motivo 1° de esta sentencia, el que, del  análisis del estado de salud de esa paciente, concluye por los motivos precisos médicos precisos y determinados que se observan que  requiere del régimen de Hospitalización Domiciliaria , en atención a que permite, además del beneficio social de permanecer acompañada de sus padres y familia, la disminución del riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud,  dado además la edad de la niña y la naturaleza de su patología respiratoria de lenta resolución, lo que hace que requiera ventilación mecánica y hospitalización domiciliaria por lo menos hasta el año de vida, momento en el cual se reevaluará la necesidad de continuar con la hospitalización domiciliaria”, dice el fallo.

La resolución agrega: “Apreciando conforme a la sana crítica los antecedentes de autos, en especial, el  estado de salud de la paciente indicado por la recurrente en su recurso, el que no es controvertido  por la contraria, así como tal estado de salud se comprueba del informe médico de los médicos tratantes precedentemente señalado, concluye que en la actualidad, la menor A.F.C.P.requiere de los tratamientos y atención que comprende una Hospitalización Domiciliaria que se suscribe a las Condiciones de la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas en Chile,  lo que no se opone a lo que señalan y determinan  los certificados e informes médicos de fojas 30, y 34, acompañados por la recurrida a los autos, sino que  corroboran la conclusión a que llega el tribunal”.

Además, se señala que “la Isapre Colmena Golden Cross, al negarse a cubrir el Régimen de Hospitalización Domiciliaria de la menor  A.C.P.  por quien se recurre,   por las razones que señaló en su informe, no obstante que, conforme a las máximas de la experiencia, reconoce dicho estado o régimen al aceptar, mediante una pretendida aceptación graciosa u obligación natural, dar a la afiliada una limitada “cobertura extracontactual”, según la misiva de fojas 33, ha incurrido desde luego en un acto de carácter ilegal y arbitrario, con el cual ha vulnerado respecto de la paciente en referencia las garantías constitucionales del derecho a la vida, al poner en peligro ésta como consecuencia de falta de atención debida a la menor, así como la del derecho de propiedad que a ella le asiste sobre los beneficios pactados en el contrato de salud celebrado por su madre Paula Peña Pacheco con la Isapre Colmena Golden Cross, incorporado éstos a su patrimonio, derechos fundamentales que, como garantías constitucionales  contemplan los números 1° y 24  del artículo 19 de la Constitución Política de la República”.

Por lo tanto, “se acoge el recurso de protección deducido a fs. 7, y, en consecuencia, se deja sin efecto la resolución de la recurrida por la cual dispuso otorgar solamente “una cobertura de prestaciones domiciliarias, bonificando un 90% del valor cobrado por un período de dos meses desde su alta hospitalaria”, a la menor A.F.C.P. y  en su lugar se ordena  a la Isapre Colmena Golden Cross, entregar a dicha paciente íntegramente la Cobertura Adicional para Enfermedades Catastróficas de Hospitalización Domiciliaria”, concluye el fallo.

Ver texto íntegro del fallo en   http://bit.ly/MjAzEL




Fuente: Portal del Poder Judicial de Chile

jueves, 21 de junio de 2012

Derecho al olvido. CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA RECHAZÓ AMPARO DEDUCIDO EN CONTRA DE TESORERÍA GENERAL ANTE LA NEGATIVA DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN ACERCA DE MULTAS APLICADAS A CIERTAS EMPRESAS. (Decisión de 08 de Junio de 2012)


Se dedujo amparo de acceso a la información pública en contra de la Tesorería General de la República ante la negativa de la entidad frente a la solicitud de entregar información acerca de ciertas multas aplicadas por resolución de la entidad y la nómina de los contribuyentes afectados por las mismas.

La Tesorería observó, por una parte, que su respuesta a la solicitud del reclamante se limitó a exigirle acreditar debidamente su representación, tratándose de personas jurídicas, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos, aplicable en silencio de la Ley de Transparencia. Agregó, en cuanto al fondo, que la negativa a entregar la información se funda en que los antecedentes solicitados contienen datos personales obtenidos de los propios titulares para ser tratados al interior de un servicio público y no para ser cedidos a terceros, y por cuanto también se vulneraría el artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, puesto que se estarían entregando antecedentes respecto de sanciones ya cumplidas.

Requeridos para ello por el CPLT, los terceros interesados en la información solicitada informaron su oposición a la entrega de la misma por cuanto el solicitante no ostenta representación respecto de ninguno de ellos, y por cuanto los datos que se contienen en los documentos requeridos afectan sus vidas privadas y sus derechos económicos, por tratarse de sanciones impuestas y cumplidas hace 7 años.

En su decisión el CPLT rechazó el amparo desestimando, en primer término, la alegación de falta de legitimación del solicitante, toda vez que el éste actuó a título personal, y no en representación de un tercero, no siendo aplicable el artículo 22 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. En segundo término, y en cuanto al fondo, y atendido que los formularios requeridos dan cuenta de sanciones ya cumplidas (multas ya pagadas) procede aplicar la reserva del artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales, que dispone que “los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena”, también denominado “derecho al olvido”, a lo que se suma que los terceros interesados no han consentido en su entrega.

A pesar de rechazar el reclamo, el CPLT representó al Tesorero General las infracciones consistentes en no haber dado respuesta a la solicitud de información dentro del plazo establecido y no haber comunicado a los terceros la presentación de esta solicitud.




Fuente: Diario Constitucional de Chile